Ciudad de México. 27 de Junio del 2020. -Aun cuando el fraude electoral está ya tipificado como delito y se prevé que quien participe en actos que alteren la voluntad del pueblo expresada en las urnas irá a la cárcel sin derecho a fianza, el Senado de la República legislará para incrementar las penas contra quienes violen el voto público.

Así lo expresó el Senador Cristóbal Arias Solís, quien agregó quesi dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o incurren en más de dos conductas previstas como delitos electorales, alcanzarán penas hasta de quince años de prisión.

Esa penalidad podrá incrementarse en un cincuenta por ciento más si las autoridades jurisdiccionales competentes determinan que en el proceso hubo violaciones graves, dolosas y sistemáticas en detrimento de uno o más de los principios constitucionales y provengan además de un servidor público.

El Senador Arias Solísparticipó este día en la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales Segunda,que se efectuó de manera presencial en la sede de la Cámara Alta, con todas las medidas sanitarias y guardando la sana distancia.

En dicha reunión se analizaron diversas reformas legales que reglamentarán las reformas constitucionales recientemente aprobadas en las que se contempla la Prisión Preventiva Oficiosa.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, analizaron también el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal,así como reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El Senador michoacano dijo también que se someterán a consideración del pleno los dictámenes que reforman diversas disposiciones legales en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Arias Solís añadió que en este período se prevé también aprobar leyes para endurecer las penas para delitos en materia de hidrocarburos; se prevé, además, reformar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley General de Salud, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Vías de Comunicación.